Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 22 de julio de 2025.- Integrantes del Frente no a la Minería se manifestaron este martes en la ciudad de Oaxaca para exigir al gobierno federal la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas en la región Valles Centrales de Oaxaca y que se respeten la autonomía y territorio de las comunidades. Además de que se diseñe un plan de cierre definitivo del proyecto “San José” y la reparación del daño causado por la minera.
Con una marcha que partió del Paseo Juárez, “El Llano”, las organizaciones y activistas también exigieron al Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca «que resuelva conforme a derecho los amparos promovidos por nuestras comunidades en diciembre de 2023».
La demanda de justicia por los asesinatos de los defensores del territorio Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez, ocurridos en enero y marzo de 2012, fueron parte de los motivos de esta protesta realizada en el Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se conmemora cada 22 de julio desde el 2016.
La movilización, que concluyó con una protesta frente al Palacio de Gobierno, también se dio a tres meses de que la empresa Fortuna Mining Corp informó que vendió el 100 por ciento de su participación en la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., ubicada en San José del Progreso, Valles Centrales de Oaxaca, a la compañía peruana JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. (“JRC”).
En su pronunciamiento, el Frente no a la Minería reiteró su «absoluto rechazo a la imposición de proyectos mineros en el estado de Oaxaca» y recordó que durante más de 15 años ha defendido, cuidado y protegido los territorios de las comunidades originarias que se han unido en esta lucha, tanto para declarar lan prohibición de la minería como para crear redes de «solidaridad con comunidades hermanas que enfrentan megaproyectos en Oaxaca: Magdalena Teitipac, San Pedro Quiatoni, Capulálpam de Méndez, Santa María Chimalapas, así como pueblos del Istmo, la Sierra Sur y la Mixteca».
Sin embargo, señaló que frente a «esta defensa legítima y pacífica, los gobiernos federal y estatal han respondido con omisión, silencio y complicidad» y que han favorecido a las empresas mineras, «ignorando las múltiples denuncias que hemos hecho sobre los daños provocados por el proyecto “San José”, operado por la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., y autorizando nuevas concesiones sin nuestro consentimiento».
