Dulce Hemilse Hernández Matías*
Oaxaca, Oax.- Los obispos mexicanos, reunidos en la Asamblea Plenaria celebrada del 10 al 14 de noviembre de 2025, emitieron el documento titulado Iglesia en México: Memoria y Profecía-Peregrinos de Esperanza hacia el Centenario de nuestros Mártires.
Tras su revisión y análisis, considero que la postura de los obispos es ‘asincrónica’, es decir, fuera de tiempo.
En este contexto, el texto eclesiástico busca correlacionar la violencia actual bajo el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) con la persecución religiosa de la Guerra Cristera (1926-1929).
Dicha comparación se demuestra errónea a la luz de fuentes históricas y legales, pues la Iglesia confunde la incapacidad del Estado en materia de seguridad con una persecución ideológica.
En preparación para esto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) imprimió en los últimos meses, «Iglesia en México: Memoria y Profecía». Este texto aparece en un momento importante para el país: cuando se pasa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum.
El mensaje abarca los problemas prácticos que enfrenta la democracia, violencia, corrupción, crisis social, etc.
Sin embargo, el corazón del mensaje ilustra una disonancia cognitiva. Más bien, los obispos eligen situar la realidad presente en la historia del “martirio”. Están preparando a los fieles para el Jubileo de 2025 y, más alarmantemente, para el Centenario de la Guerra Cristera en 2026.
Al hacerlo, la jerarquía católica implica que la Iglesia está enfrentando a un enemigo de hace cien años. Esta postura es asincrónica. Intenta leer el presente a través de las lentes del pasado.
El resultado es un diagnóstico pastoral bien intencionado y que llama a la paz, pero que no discierne el carácter fundamental de la lucha política actual.
El propio documento de los obispos nombra correctamente los síntomas que están dañando al país. Hablan de la desintegración del tejido social y de los peligros para la unida familiar.
Inspirados por las enseñanzas de los Papas León XIII y Francisco, instan a la unidad interna de la Iglesia para ser “artesanos de la paz”. El texto llama a una “conversión moral”para frenar la decadencia ética del país. Renuevan su apoyo a los migrantes y a las víctimas de la violencia.
Hasta ahora, el mensaje ha servido tanto a fines pastorales como sociales. Donde radica el problema es en su lectura política. Los obispos politizan la memoria histórica al conectar la angustia actual con las hazañas de los mártires cristeros. Sugieren que el ambiente hostil de hoy requiere tanta resistencia heroica como lo hizo en 1926.
Este enfoque trata de ganar una campaña de nostalgia a través de la base católica, pero no logra apreciar el cambio legal y social de los últimos cien años.
La Guerra Cristera no fue un simple conflicto diplomático. Fue una guerra civil provocada por la aplicación ultraestricta de la Constitución de 1917, específicamente el Artículo 130.
El detonante fue la «Ley de Reformas al Código Penal», o Ley Calles. Esta regulación, defendida por el presidente Plutarco Elías Calles, tenía un único propósito: someter a la Iglesia al control total del Estado. No era necesariamente una cuestión de seguridad, sino más bien de supervivencia institucional.
La Ley Calles expulsó a los sacerdotes extranjeros. Las escuelas católicas y los conventos fueron cerrados. Se prohibió el culto público fuera de los templos, y los sacerdotes debían registrarse en el Ministerio del Interior como si fueran empleados públicos bajo escrutinio. Los mártires de la época, como San Cristóbal Magallanes y el Padre Miguel Pro, fueron asesinados por el Estado. El Ejército Federal tenía órdenes directas para su muerte.
Murieron por celebrar misa o administrar sacramentos, un delito considerado federal y llevado a cabo con severo castigo. La fe se había convertido en el objetivo de una política de extinción.
Esto contrasta completamente con el México que conocemos. No hay leyes que restrinjan la libertad de culto, esa es la administración de la Cuarta Transformación.
La Constitución de la República (Artículo 24) garantiza la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.
Pero hoy las iglesias en México permanecen abiertas. Los seminarios funcionan sin interferencia estatal. Las procesiones y actos públicos de fe (como “Dios dame vida”), se realizan todos los días, y no hay esfuerzos policiales o militares para hacerlos disolver.
Hoy en día no hay un solo sacerdote en prisión por predicar el Evangelio. La lucha entre la iglesia y el gobierno no es una cuestión de teología, es política, no teológica.
Las actuales administraciones de López Obrador y Sheinbaum han criticado a la jerarquía católica, pero lo hacen desde una postura ideológica sobre la pobreza y la moral conservadora, no desde una posición legal anticlerical.
El gobierno actual también utiliza referencias religiosas en su retórica. El ‘humanismo mexicano’ proyectado por la 4T siempre cita al Papa Francisco y las virtudes cristianas de la fraternidad.
Esto parecería impensable para el régimen de Calles, que quería eliminar el fanatismo religioso a través de la educación socialista. La falacia de la equivalencia: acción y omisión.
El eslabón más débil en el lenguaje de los obispos es la cuestión del origen de la violencia. De hecho, muchos sacerdotes han sido asesinados en los últimos 10 años.
México está entre los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Pero el culpable ahora es una persona en evolución. En 1926, el asesino era el Estado (el soldado, la policía, el juez).
El asesino en 2024 es el crimen organizado. Hoy en día, los sacerdotes mueren por haber protestado contra el narcotráfico, por proteger a los migrantes de los cárteles o por quedar atrapados en el fuego cruzado. No mueren por órdenes presidenciales.
Aquí radica la asincronía. Al gobierno de la 4T se le llama «omisión». También puede ser criticado por haber fallado en una estrategia de seguridad (“abrazos, no balazos”) que ha dejado a la gente, incluidos los clérigos, desprotegidos. Pero la omisión no es en absoluto como la «persecución».
Plutarco Elías Calles persiguió activamente a la Iglesia. El gobierno actual simplemente no ha logrado protegerla como no ha protegido a periodistas y activistas.
Equiparar la incompetencia del Estado con una tiranía anticlerical es un error analítico profundo, que disminuye seriamente la confianza de los obispos.
El uso político de la memoria. ¿Por qué algunas personas del CEM insisten e esta narrativa? La respuesta parece ser sociológica.
La Iglesia Católica también ha perdido una gran cantidad de influencia sobre el público mexicano. El laicismo y las iglesias evangélicas han disminuido el poder de convocatoria.
Frente a la pérdida de su importancia, la jerarquía recurre a la épica del martirio. Es una estrategia para unir a los fieles contra un único “enemigo común”. Al vestir de callismo al gobierno actual, intentan revivir una identidad católica defensiva.
Pero la estrategia tiene sus inconvenientes. La sociedad mexicana hoy es plural. Muchos católicos votaron por la 4T. Muchos creen que no hay persecución religiosa en su vida cotidiana.
A través de tales demandas paralelísticas, los obispos pueden sonar en el proceso ajenos a la realidad vivida por sus propios feligreses.
Las palabras se sienten tan “simples” y redundantes porque evaden la autocrítica. Y es mucho más fácil señalar con el dedo a un gobierno “hostil” que reconocer que la Iglesia se distanció de las causas populares o perdió la autoridad moral que alguna vez tuvo: sus propios escándalos internos de pedofilia y encubrimiento.
Conclusión: Hacia una profecía situada.
El documento de la CXIX Asamblea Plenaria es una oportunidad perdida. Pasando por alto la visión retrospectiva de la Guerra Cristera, la Iglesia no ve el camino. La violencia del narcotráfico y la corrupción exige una voz profética, pero una que esté enraizada en el presente.
La postura de los obispos es asincrónica porque no luchan contra fantasmas. México no tiene que prepararse para un nuevo 1926. No habrá cierre estatal de templos ni fusilamientos de sacerdotes.
Lo que México requiere es una asociación madura. El diálogo iglesia-estado, puede sonar como si fueran enemigos de una guerra santa, pero son actores con el deber de responsabilidades comunes.
El verdadero enemigo es la cultura de la muerte provocada por el crimen, no la ideología política detrás de cada partido. Solo cuando los obispos dejen de buscar «mártires» en la política y en su lugar creen ciudadanía a partir de lo que sabemos, su mensaje dejará de ser meramente un reflejo del pasado y se convertirá en la esperanza de nuestro futuro.
- Licenciada en Comunicación y en Desarrollo Educativo; Maestra en Historia de México.
- X: @Hemilse
