Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 15 de diciembre de 2025.- El operativo de alcoholimetría en el que el pasado 12 de diciembre fue asesinado un funcionario del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas carecía de autorización, señaló este lunes el secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, Jesús Romero López.
El funcionario aclaró que los operativos de de este tipo no están prohibidos en el estado, pero para su instalación requieren de autorización por parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), de la Policía Vial Estatal y el Gabinete de Seguridad.
«Particularmente, lo tengo que decir, el de San Jacinto Amilpas no tenía esta aprobación para articular los protocolos de seguridad y evitar estas situaciones de violencia. Lo que tenemos conocimiento es que hubo una situación compleja dentro del alcoholímetro y después llegaron unos motociclistas y agredieron a esta persona (director jurídico de la policía vial, Nelson H. P.)», explicó Romero López.
A raíz de este hecho violento, uno de los 36 registrados en el año en contra de funcionarios, ex funcionarios y candidatos, Romero adelantó que junto con el director de la Policía Vial Estatal, se busca un diálogo con el presidente municipal, Alejandro Díaz.
El operativo, reiteró, carecía de las medidas establecidas en el Coepra y tampoco estaba coordinado con el mando metropolitano de seguridad.
En el estado, los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Amilpas sí tienen la aprobación para efectuar este tipo de operativos, agregó el secretario de Gobierno.
Además de que cuentan con la supervisión de la Policía Vial Estatal, de la Secretaría de Seguridad estatal y de la mesa de seguridad estatal.
«Incluso, en el alcoholímetro que coloca el Gobierno del Estado, a través de la Policía Vial, acude la Secretaría de Honestidad y Función Pública», detalló sobre la supervisión de esta dependencia hacia la labor de las y los funcionarios en los operativos.
Las investigaciones por el homicidio están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que el pasado sábado reportó el aseguramiento de la motocicleta en la que iban a bordo los dos agresores.
Antes de este hecho violento, el 30 de agosto de 2024 se registró el asesinato del joven Diego Ignacio Paz por parte de policías de Santa Lucía del Camino, durante un operativo de alcoholimetría en ese municipio conurbado a la capital oaxaqueña.
En ese mismo año, a raíz del caso de Santa Lucía del Camino, el gobernador Salomón Jara Cruz determinó que la única facultada para realizar estos operativos sería la Policía Vial Estatal y que se pediría a los seis municipios del valle central que hasta entonces tenían operativos, incluida la capital, que ya no los hagan. Asimismo, para que se les retiraran los dispositivos de medición.
Sin embargo, en junio de este año, Romero López informó de la reactivación de los operativos en la ciudad de Oaxaca, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán, pero con el acompañamiento de la Policía Vial Estatal.
