Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 17 de marzo de 2026.- Con patrullas y unidades tácticas, además de de equipo antimotín, la Policía Estatal de Oaxaca desalojó la mañana de este martes a integrantes de la Alianza de Pueblos por la Justicia Social, quienes bloqueaban diversos cruceros de la ciudad de Oaxaca, como parte de la protesta de aproximadamente 60 comunidades que desde este lunes exigen atención a sus demandas sociales.
Este es el segundo desalojo efectuado por la corporación bajo el mando del nuevo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca, Félix Quiroz Javier, quien además es un almirante retirado de la Secretaría de Marina.
Antes fue el perpetrado en contra de madres y padres de familia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) número 26 de San Dionisio del Mar, quienes el pasado 26 de febrero bloquearon la carretera federal 190 (tramo La Ventosa- Tapanatepec), en el Istmo de Tehuantepec, para exigir la salida de docentes de esa institución.
Este martes, las organizaciones sociales bloquearon desde temprana hora la calzada Héroes de Chapultepec, esquina con la gasolinera del de DIF, y cerca de la terminal de ADO, además del crucero de la agencia Cinco Señores.
Los bloqueos fueron parte de la protesta que comenzó este lunes en la ciudad de Oaxaca ante la omisión a sus demandas de varios meses y luego de que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, canceló la reunión que había acordado para la tarde de ayer con las organizaciones.
Tras el desalojo, los manifestantes se concentraron en el zócalo de la ciudad, donde se “plantaron” desde este lunes.
“FUE REPLIEGUE”
«No fue un desalojo, generamos un repliegue de las calles», dijo poco después el secretario de Gobierno en la conferencia de prensa del gobierno estatal. Según Romero, «se les pidió a estas personas que se replegaran, puesto que estaban afectando la vida cotidiana de miles de oaxaqueños y oaxaqueñas que no tienen nada que ver en una problemática que a ellos les aqueja».
De acuerdo con el funcionario, al Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) «se le ha ofrecido diálogo permanente» y han tenido reuniones, pero admitió que el gobierno no tiene la capacidad de respuesta a sus planteamientos. «Además tenemos una política ya sin intermediarios en esta administración, precisamente para romper muchos de los vicios del pasado», expuso Romero, al acusar que las demandas del CODEP son de 500 millones de pesos en obras.
CONDENAN DESALOJOS
Más tarde, en conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, las organizaciones sociales calificaron el desalojo como un acto de represión del gobierno actual, comparable con los anteriores de Diódoro Carrasco, por ejemplo.
También señalaron que hay al menos cuatro de sus compañeros con lesiones de consideración y desmintieron que sus demandas sean de 500 millones de pesos como lo dijo Jesús Romero.
«Ni siquiera le hemos entregado un pliego petitorio» dijo el representante de Codep, Ernesto López, al explicar que el gobierno estatal se comprometió desde hacer varios meses a atender las demandas de las comunidades, pero que solamente retarda la atención y cancela las mesas de trabajo a última hora.
A su vez, Angélica Cruz González señaló que el gobierno estatal no quiere reconocerla como agente de San José Xochixtlán, al considerar que es una imposición. Sin embargo, fue elegida en asamblea, explicó esta tarde.
Cruz también acusó la intervención del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) para desestabilizar e intimidar a la comunidad y sin que el gobierno atienda esta situación.
Tras el desalojo, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se solidarizó con las organizaciones y condenó el actuar del gobierno estatal.
«Estos actos no solo violentan el derecho a la libre manifestación, sino que confirman la criminalización sistemática de quienes alzan la voz contra las injusticias, el despojo y las políticas neoliberales que afectan a los pueblos y comunidades», dijo en su comunicado.
La Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca también condenó el desalojo al señalar que «desde el poder no se pueden deslegitimar las luchas permanentes». Además, señaló que con este actuar «se evidencia la política de doble discurso, llamando al diálogo sin respuestas y condenando las manifestaciones, como lo hace el secretario de Gobierno Jesús Romero”.
