Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 9 de febrero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este lunes la liberación de Johan Ricardo Matus, ex asesor jurídico del municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quien en agosto del 2025, mediante un amparo, había conseguido su absolución por el delito de desaparición forzada en contra de la activista Claudia Uruchurtu.
La decisión se logró a raíz de que la familia de Uruchurtu interpuso el amparo 5887/2025 para que se revocara la liberación de quien fue asesor del ayuntamiento en la gestión de la ex presidenta Lizbeth Victoria Huerta (Morena), también acusada por la desaparición de la defensora de derechos humanos, pero a quien solamente se juzgó por obstrucción de las investigaciones.
La SCJN apoyó así la propuesta del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para anular o revocar la sentencia absolutoria de Johan Matus, a quien el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo le concedió la absolución de la pena el 21 de agosto de 2025. El ex asesor cumplía una condena de 50 años de cárcel.
Con esto, se devolvió el proyecto al Tribunales Colegiado «para que realice un escrutinio judicial especializado con perspectiva de género e interseccionalidad» y para que emita una nueva decisión conforme a derecho.
Previo al voto unánime, pero con algunas observaciones de la ministra Jazmín Esquivel, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que con esta resolución la Corte está dando un paso importante respecto a un criterio sobre el delito de desaparición forzada, el cual tiene dos vertientes.
«Uno, el de investigación del delito, y otro como violación grave de derechos humanos. Y esta Corte está haciendo suyo ese planteamiento, y obviamente que implica un retorno frente al caso en concreto, pero eso es lo que está envolviendo el proyecto que nos presenta el ministro Arístides.
Es lo adecuado porque aquí no hay duda, fueron agentes del Estado (los responsables de la desaparición de Claudia) o al menos así está planteada la acusación», explicó.
La decisión de la Corte fue unánime, con el respaldo de las y los ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero. Aunque sin el voto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien no intervino en la discusión ni en la resolución del amparo 5887 debido a que consideró que su intervención restaría imparcialidad, ya que cuando fue titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tuvo bajo su cargo la investigación por la desaparición forzada de Uruchurtu.
El fallo también se dio días después de que el caso se iba a abordar en la sesión de la Corte, misma que el pasado 4 de febrero lo dejó en sus asuntos pendientes.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a. c. y el colectivo Defensores por la Justicia, que acompañan a la familia de Claudia Uruchurtu, el caso de la activista oaxaqueña ha atravesado diversas obstáculos para lograr el acceso a la justicia. Por ello la exigencia de justicia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta el 13 de diciembre de 2024, unas de las últimas resoluciones por el caso eran las de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en las que confirmó la pena impuesta a Juan Antonio H. M., de 60 años de prisión.
En tanto se modificó la pena impuesta a Nelci J. V. J. y Rolando A. B. a 45 años de prisión (les aumentó 5 años) y en el caso de Lizbeth Victoria se le redujo la pena a 3 años y 7 meses de prisión y se ordenó su liberación inmediata.
En tanto, Johan Matus había sido sentenciado inicialmente a 40 años de prisión (el 3 de marzo de 2023), pero la pena fue aumentada a 50 años tras la confirmación de la sentencia el 29 de mayo de 2023 por parte de la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Fue después de esto que se amparó y logró su libertad, pero la familia impugnó este último fallo.
