Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de “El Economista”
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2026.- Académicos y especialistas en materia electoral y judicial consideraron necesario posponer la elección para 2028 y corregir las deficiencias del modelo actual, principalmente su concurrencia con la elección de gobernadores, presidentes municipales y legisladores y su falta de mecanismos técnicos para seleccionar candidatos.
Para el gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, Juan Carlos Campos González, si bien no es una buena idea elegir a las personas juzgadoras mediante voto popular, debe considerarse que eso ya es una realidad prevista en la Constitución y en el marco legal del país.
Una vez superada esa discusión —continuó—, lo que debe hacerse es establecer garantías para candidatos íntegros y cuenten con capacidad técnica probada; que haya equidad en la contienda y que las autoridades electorales actúen con neutralidad.
Al respecto, la diputada federal Mariana Benitez Tiburcio destacó que no se trata de sustituir la reforma judicial de 2024 o cambiar su esencia, sino de asegurar que funcione mejor.
Dijo que lo que se busca es que el proceso para la elección de jueces dé certeza, eleve el estándar y calidad de las personas juzgadoras y, con ello, otorgue más legitimidad a jueces, magistrados y ministros y al sistema judicial.
Reconocen “áreas de oportunidad”
El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Sánchez Gutiérrez, consideró que la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 22 de abril por los diputados morenistas Alfonso Ramírez Cuellar, Mariana Benitez Tiburcio y Olga Sánchez Cordero, así como por los senadores también morenistas Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría, constituye un reconocimiento de Morena y del gobierno federal de que el actual marco legal que rige la elección de jueces presenta deficiencias y debe corregirse.
A esa lectura se sumó el también exconsejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, quien expuso que hay muchos aspectos que deben modificarse, sobre todo porque se trató de una reforma apresurada con reglas inaceptables e inaplicables.
En entrevista mencionó que lo importante es que se tome con seriedad esta reforma y que no solamente se trate de desvincular las fechas de las elecciones judiciales con el resto de las elecciones.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados, la implementación del nuevo modelo para designar personas juzgadoras “evidenció áreas de oportunidad”.
Concretamente que la concurrencia de elecciones con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales y que los requisitos vigentes para acceder a los cargos jurisdiccionales como promedios académicos mínimos o cartas de recomendación resultan insuficientes para evaluar competencias técnicas necesarias para ser juez y no garantizan que quienes resulten candidatos cuenten con las competencias y habilidades sustantivas como razonamiento jurídico, interpretación normativa, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, capacidad de gestión judicial y compromiso social.
La iniciativa retoma preocupaciones de organizaciones civiles, sobre todo la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación utilizados por los comités correspondientes particularmente los que definen la idoneidad de los aspirantes.
