Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 8 de mayo de 2026.- Organizaciones animalistas y sociedad civil exigen justicia para “Rocko”, perro de Tuxtepec que fue privado de la vida por el ayuntamiento de esa ciudad bajo el argumento de que era agresivo y de que mordió a una persona el año pasado.
Ante la indignación, el presidente municipal, Fernando Huerta Cerecedo, destituyó a la directora del Albergue de Mascotas, Eunice del Carmen Vano Pimentel.
Sin embargo, esta decisión también ha sido cuestionada, al considerar que se está evadiendo la responsabilidad del ayuntamiento.
Activistas como La Ranita de Nogales y el refugio Patitas Felices Oaxaca se han sumado a la protesta nacional por “Rocko” y exigen al edil de Tuxtepec y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) llegar hasta las últimas consecuencias para castigar este asesinato.
Tras su protesta del pasado 6 de mayo, la organización Fuerza y Rescate Tuxtepec Huellitas de Esperanza también advirtió que no permitirá que el caso quede impune y que interpondrá una «demanda contra las personas que resulten responsables».
La organización subrayó que no es suficiente la «destitución de las personas responsables y autoras de tal maltrato, ya que lo privaron de su vida sin haber llevado una buena valoración sobre su caso».
Según lo expuesto a las activistas por parte del edil, la supuesta agresión de “Rocko” a una persona ocurrió el año pasado cuando este aún tenía propietarios y que existe una demanda en la ciudad de Oaxaca.
Sin embargo, la sociedad civil ha cuestionado el por qué si hubo tal agresión se procedió hasta ahora y por qué se denunció en la capital cuando el presunto caso ocurrió en Tuxtepec.
Debido a la trascendencia del caso, el diputado local Paco Niño interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, según informó en sus redes sociales.
La muerte de “Rocko” se suma a una serie de de asesinatos y otros casos de crueldad animal en contra de perros y gatos en el estado de Oaxaca, en los que se señala como presuntos responsables no solo a particulares sino a instituciones o autoridades.
Por ejemplo, en abril, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de hechos por el presunto envenenamiento de perros ordenado por directivos del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca.
Mediante un oficio, la fiscalía le exigió a la directora, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, abstenerse de continuar con esta práctica porque podría ser responsable de un delito conforme los artículos 419, 419 bis y 420 del Código Penal, en los que se señala las sanciones por maltrato animal.
La muerte de “Rocko” también ocurre a unas semanas de que la senadora Mariela Gutiérrez admitió haber ordenado el sacrificio de miles de perros cuando fue presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, y que lo hizo conforme a la norma.
