Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 18 de mayo de 2026.- Ni duda cabe que el crimen organizado está cada vez más enraizado en México y domina, prácticamente, todo el país. Ni duda cabe —y no es porque lo haya dicho Donald Trump— que el el narco gobierna en México.
Pero también ni duda cabe ya que hace mucho tiempo el Partido Morena olvidó el apotegma obradorista: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
O por decirlo de otra forma: hoy miente para encubrir sus propios yerros; hoy cierra los ojos ante la realidad que lo apabulla y una muestra es Sinaloa, plagada de políticos acusados de criminales y de narcotraficantes, donde el partido oficial calla.
Mientras que en Chihuahua grita a los cuatro vientos traición a la patria por la incursión de agentes estadounidenses en un operativo contra las drogas y pide prácticamente la cabeza de la gobernadora panista.
Y cierra los ojos ante lo que ocurre en otras entidades donde también gobierna como Guerrero, Tabasco, Michoacán o Morelos, por dar algunos ejemplos más.
“AL LADRÓN!”
Efectivamente, Sinaloa no se pudrió hace pocos años, sino desde los sexenios priistas, en que el crimen organizado se asentó y cobró fuerza; extendió sus dominios y cobijó la expansión de grupos delictivos de alto nivel.
Pero la situación ha llegado al extremo con la acusación del gobierno de Estados Unidos contra 10 políticos sinaloenses, entre ellos el gobernador morenista Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzulza, ambos prófugos de la justicia norteamericana.
Lo han detallado todos los medios informativos del país pero el caso cobró mayor relevancia mediática la semana pasada, con el reportaje, en una plana, del impreso del “New York Times”:
“Durante años, una arquitectura invisible de protección dentro de varios niveles del gobierno mexicano permitió al Cártel de Sinaloa operar a plena vista, según me dijeron varios miembros de la organización criminal. Ese sistema contribuyó a que el cártel se convirtiera en una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, traficando con fentanilo por valor de miles de millones de dólares a través de la frontera estadounidense, incluso cuando los principales líderes del grupo fueron abatidos y una guerra interna dividió la organización (https://www.nytimes.com/es/2026/05/15/espanol/america-latina/mexico-corrupcion-narco-carteles-gobierno.html).
Ocurrió justamente mientras Morena y distinguidos obradoristas se daban golpes de pecho y exigían juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos y mientras dos políticos morenistas se entregaban ya a la justicia norteamericana para relevar la trama de la novela policiacas.
PANISMO Y CRIMEN
Chihuahua, gobernada por el Partido Acción Nacional desde hace muchos años, por supuesto que no ha estado exenta del crimen organizada sino, por el contrario, ha tenido un crecimiento exponencial.
Tal es el caso ocurrido a mediados del mes de abril en que fuerzas estatales incursionaron para destruir un megalaboratorio de drogas sintéticas, en el municipio de Morelos.
Pero la participación de agentes norteamericanos —dos o más elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— se reveló públicamente por un accidente en que fallecieron dos de ellos.
A raíz de ello se desató una andanada incluso desde el púlpito presidencial matutino y reveló igualmente la probable violación constitucional de la autoridad de Chihuahua.
Primero negaron el hecho, después reconocieron la presencia de agentes de la CIA pero que no participaron oficialmente en el operativo; luego se desdijeron y después aceptaron que siempre sí.
Un revoltijo de excusas que derivó el pasado sábado en una marcha de morenistas de Chihuahua y de otras entidades del país, liderada por Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, ambos ligados estrechamente a Andrés Manuel López Obrador.
Por supuesto que recibieron el repudio de los chihuahuenses pero sobre todo los reclamos por mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tienen atravesada.
Ni Morena ni Chihuahua tienen la razón, pero los morenistas olvidan la cauda de acusaciones y situaciones criminales que literalmente protegen en otras entidades del país.
Y por supuesto que aquí no se trata de defender al PAN o al panismo o a los panistas, pues en sus entidades hay también graves situaciones de criminalidad y de narcotráfico.
Ahí está Guanajuato, además de Chihuahua, con los índices de criminalidad más altos de México y cuyo gobierno ha sido solapado por panistas y morenistas. ¿Las razones?
¿QUIÉN PIERDE?
No un partido o varios partidos políticos, sino todo México, debería estar reclamando la intervención estadounidense cada vez más clara. Y cada vez más contundente.
Por esa situación, el gobierno ha tenido la presión norteamericana de actuar para frenar, primero, el tráfico de migrantes desde el sur de su frontera, lo que ha declarado prácticamente como misión cumplida.
Ahora, la autoridad que encabeza Claudia Sheinbaum está siendo obligada —aunque declarativamente lo niegue— a combatir a los cárteles y el tráfico de drogas.
Avanza a pasos agigantados (como el desmantelamiento la semana pasada de cinco “narcolaboratorios” en varias entidades), eso ni quien lo niegue pero, insistimos, eso ocurre ante el pavor de que Estados Unidos tome otras medidas no solamente de seguridad, sino económicas.
Por supuesto que no justificamos la intervención del país vecino, pero en realidad si el gobierno morenista de Andrés Manuel López y ahora el de Sheinbaum efectivamente practicaran el apotegma del tabasqueño, la situación social iría cambiando en el país.
Se han visto obligados a actuar, y con ello se ha estado revelando la participación de altos mandos políticos, funcionarios, militares y marinos, en actos ilegales de alto nivel.
En realidad, si hubiera disposición de los gobiernos morenistas, sin presión de Estados Unidos, estaríamos hablando de una autoridad efectiva que se preocupa por la población… y no por sus intereses económicos y de índole criminal.
