Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 18 de mayo de 2026.- Luego de denunciar la omisión del gobierno de Oaxaca para su protección y para la resolución del conflicto agrario, familias desplazadas de la agencia Buenavista, Santiago Yosondúa, han recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener medidas cautelares a su favor.
Aunque hasta ahora no hay una resolución de dicha instancia, un documento del mes de marzo da cuenta de la solicitud hecha a través de la Defensoría Popular “Ricardo Flores Magón”, que representa Felipe Edgardo Canseco Ruiz.
En la solicitud MC-1878-25, el organismo internacional pide a la Defensoría Popular que le detalle sobre cuántas personas siguen desplazadas hasta ese mes, su ubicación y las situaciones de riesgo que enfrentan en lo particular o colectivo. También si han realizado acuerdos o gestiones ante las autoridades estatales para garantizar el retorno seguro.
Así como el estado de las denuncias o solicitudes en torno a la situación y la respuesta de las autoridades, a fin de seguir su análisis sobre la emisión de las medidas.
Hasta enero de este año, cuando la Defensoría Popular y algunos de los habitantes desplazados se manifestaron en la ciudad de Oaxaca, se estima a que seguían desplazados 225 habitantes de la agencia Buenavista, tras el ataque del pasado 18 de agosto de parte de Santa María Yolotepec, en la región Mixteca.
Junto con la Defensoría Popular y la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, los desplazados denunciaron que el gobierno estatal ha sido omiso, pese a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que se aprobó en septiembre de 2025, apenas dos semanas después del estallamiento del conflicto.
La autoridad de Buenavista también había expresado su desacuerdo con la condición impuesta por Yolotepec para su retorno, la cual consiste en que les den la mitad de las tierras que están en disputa desde hace 70 años (del área total de 1,600 hectáreas).
En ese entonces, la representación de desplazados y las organizaciones detallaron que a raíz del ataque armado del 18 de agosto, han sido afectados 61 mujeres, 27 niñas, 33 adultos mayores, 32 niños, 58 hombres, 12 madres solteras y 2 bebés, quienes han tenido que resguardarse en una galera de la cabecera municipal expuestos a la intemperie y sin condiciones óptimas para su sobrevivencia.
