Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 27 de mayo de 2026.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca abrirá un juicio en contra del gobierno de Oaxaca por incumplir la recomendación 05/2018 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sobre las detenciones arbitrarias y tortura perpetrados en 2015 en contra de 86 personas, varias de ellas defensoras de derechos humanos.
La apertura la audiencia del juicio de Protección de Derechos Humanos (expediente JPDH 032025) será este 28 de mayo por parte de la Sala Constitucional y 4a Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, informaron este miércoles la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, así como otras organizaciones y activistas aliados.
Ante este juicio, las víctimas de detenciones arbitrarias y tortura, por hechos ocurridos en 2015 tras manifestarse en contra de la reforma educativa, reiteraron su exigencia de justicia, garantías de no repetición y que el gobierno de Oaxaca finalmente atienda recomendación 05/2018 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Principalmente por la omisión a dos de las 11 medidas dictadas en el documento.
Estos son: la reparación integral del daño por la detención arbitraria, tortura, aislamiento y estigmatización sufridos por las personas defensoras detenidas aquel 7 de junio de 2015. Así como el reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno estatal por las violencia la cometidas.
La recomendación de la defensoría abarca medidas a favor de las 86 personas detenidas. De ellas, 13 son las que están demandando el juicio de protección de derechos humanos, aunque también se cuentan varias víctimas indirectas.
En conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, la organización Sol Rojo detalló que la recomendación de la DDHPO estudia la queja tras la detención arbitraria y retoma la resolución del Poder Judicial de la Federal sobre la absolución de los presos políticos. Asimismo, «hace suya la opinión del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria».
Las organizaciones y las víctimas denunciaron que han sido 11 años de una impunidad transexenal, la cual inició en el sexenio del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, cuando ocurrieron las agresiones, y se ha mantenido en el del ex mandatario Alejandro Murat y en la actual administración de Salomón Jara Cruz. Así como en las correspondientes administraciones federales de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Sol Rojo y Consorcio recordaron que el 7 de junio del 2015, durante la manifestación, 23 defensores de derechos humanos fueron víctimas de detención arbitraria y tortura y puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República. Además de ser recluidos en Centros Federales de máxima seguridad en distintos estados del país.
«Finalmente, fueron declarados absueltos por falta de pruebas en agosto de 2018 cuando el juez tercero de distritito resolvió que “los elementos aprehensores actuaron con mendacidad”. En su momento el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión No. 17/2016, demandando su liberación y la reparación del daño causado por el Estado mexicano, calificando como arbitraria su detención», explicaron.
Sin embargo, tras la liberación, dos defensores (Javier López Martínez y Luis Enrique López López) fallecieron como consecuencia de la tortura.
