Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 15 de junio de 2026.- “A 20 años del levantamiento magisterial y popular, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca, aglutinado en la Sección 22 del SNTE-CNTE, mantiene firme su exigencia: cárcel para Ulises Ruiz Ortiz, autor intelectual, y a quienes ordenaron y ejecutaron los actos de violencia contra el movimiento”.
Así se pronunció la gremial este domingo, al cumplirse dos décadas del intento de desalojo del “plantón” del magisterio, instalado en el zócalo y calles aledañas de la capital del estado, por demandas salariales y laborales.
“Este 14 de junio se cumplen 20 años de uno de los episodios más represivos en la historia reciente de Oaxaca. En la madrugada del 14 de junio de 2006, el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz ordenó el uso del aparato represor del Estado para desalojar violentamente el plantón que mantenían las y los trabajadores de la educación.
“Aprovechando la oscuridad de la madrugada, cientos de granaderos irrumpieron en el campamento donde se encontraban maestras, maestros, mujeres, niñas y niños.
“Con lujo de violencia golpearon a docentes, destruyeron pertenencias y atentaron contra los espacios de organización del movimiento. La agresión también se desplegó desde helicópteros, desde donde fueron lanzados petardos y disparando bombas de gas lacrimógeno dirigidas hacia las personas que permanecían en el plantón, poniendo en grave riesgo su integridad física”, describió en un comunicado.
Añadió que pese a ello, “la dignidad y la organización pudieron más que la represión. Gracias a la resistencia del magisterio y al respaldo solidario del pueblo de Oaxaca, las fuerzas policiales fueron replegadas”.
A partir de ese momento, detalló, la lucha trascendió las demandas gremiales y dio paso a una etapa de organización popular más amplia con el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), “convirtiéndose en un referente de resistencia y lucha democratica para México y el mundo”.
Agregó que los meses que siguieron estuvieron marcados por una política de terrorismo de Estado que dejó un saldo de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, perseguidas y encarceladas.
“La represión de 2006 dejó heridas profundas que siguen abiertas, pues a dos décadas de distancia la justicia continúa ausente y la impunidad prevalece”.
Señaló también a quienes hoy ocupan cargos en los gobiernos —sin citar nombres— y que en otros tiempos se asumieron como parte de los movimientos populares.
“Hoy tienen en sus manos la posibilidad histórica de contribuir al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia para las víctimas; sin embargo, su silencio e inacción demuestran que sus compromisos no están con la memoria ni con el pueblo, sino con la preservación de un sistema de impunidad que protege a los responsables”.
Insistió en su exigencia de justicia y castigo a los responsables, entre ellos el entonces gobernador priista Ruiz Ortiz, así como quienes fueron los principales funcionarios de su gobierno.
