Inicio Minuto a Minuto Revela legisladores federales desviaron 506 mdp por medio de empresas “fantasma”

Revela legisladores federales desviaron 506 mdp por medio de empresas “fantasma”

por Agencia Zona Roja

Evlin Aragón/Zona Roja.

Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de enero de 2021.- Tras una investigación con relación al ejercicio del recurso público, el diario español “El País” dio a conocer que diputada y diputados federales, de la 62 y 63 Legislatura, desviaron 506.5 millones de pesos mediante 130 empresas “fantasma”. 

“Entre 2013 y 2018 los diputados contrataron a 130 empresas que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de haber simulado sus operaciones”, refiere la nota informativa firmada por Zorayda Gallegos y que hizo pública el pasado 27 de enero. 

Los servicios que facturaron van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias; así mismo, desviaron a firmas “fantasma” recursos de la partida económica que reciben para sus labores de gestoría social y que eran para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas destinadas a apoyar a los ciudadanos de sus distritos. 

La empresa que más recursos recibió es Aacors Solucion, constituida el 30 de octubre del 2015 en Villahermosa, Tabasco, y que al año de su fundación logró los primeros contratos con la Cámara de Diputados, llegando a facturar en 107 ocasiones por un monto de 283 millones de pesos por artículos de papelería. 

Entrevistado para el material periodístico, Francisco Martínez Neri, quien fuera coordinador parlamentario del PRD -en la 63 Legislatura que destinó 347.8 mdp a empresas “fantasma”- aseguró que la mayor responsabilidad en las adquisiciones recaía en la Secretaría General, un nombramiento que se hace a propuesta del grupo mayoritario en la Cámara: en ese entonces el PRI. 

De ahí que se deslindó de las contrataciones, al igual que otros de sus homólogos, a pesar de ostentar durante todo un año la máxima representatividad al interior del Congreso de la Unión en donde refirieron nunca haber escuchado de empresas “fantasma”. 

Aunque en los comprobantes fiscales no se identifica qué legislador o instancia administrativa realizó la compra, presenta el listado de diputadas y diputados oaxaqueños que formaron parte de dichas legislaturas, hoy acusadas de desviar más de 500 millones de pesos del erario. 

Las y los oaxaqueños que formaron parte de la 62 Legislatura, en funciones del 2012 al 2015, fueron: María de la Nieves García Fernández, Samuel Gurrión Matías y Martín de Jesús Vásquez Villanueva del Partido Revolucionario Institucional. 

Eufrosina Cruz Mendoza y Víctor Rafael González Manríquez, por Acción Nacional; Carol Antonio Altamirano, Gloria Bautista Cuevas, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Hugo Jarquín, Gabriel López Rosado, Angélica Roció Melchor Vásquez, Mario Rafael Méndez Martínez, y Rosendo Serrano Toledo, por el PRD.  

Así mismo Juan Luis Martínez Martínez, José Soto Martínez y Aída Fabiola Valencia Ramírez, por Movimiento Ciudadano; Eva Diego Cruz y Rosa Elia Romero Guzmán, por el Partido del Trabajo.

Mientras que, en la 63 Legislatura, en funciones del 2015 al 2018 fueron por el PRI: David Aguilar Robles, Antonio Amaro Cancino, Mariana Benítez Tiburcio, Cándido Vitalico Coheto Martínez, Edith Yolanda López Velasco, ÁlvaroRafael Rubio, Carlos Sarabia Camacho, Yarith Tannos Cruz y Oscar Valencia García.

Eva Florinda Cruz Molina, José Antonio Estefan Garfias, Sergio López Sánchez, Felipe Reyes Álvares, Jorge Tello López, y Francisco Martínez Neri por el PRD; Natalia Karina Barón Ortiz y Modesta Fuentes Alonso, por Morena.

También Luis de León Martínez Sánchez por el PAN; Yaret Adriana Guevara Jiménez, por el PVEM; y Karina Sánchez Ruiz, por Nueva Alianza. 

Cabe señalar que en un informe dado a conocer en junio de 2019, el SAT acusó que el uso de empresas “fantasma” aumentó exponencialmente en el sexenio anterior con la complicidad de servidores públicos. 

De ahí que en octubre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó diversos cambios a la ley para tipificar como delitos de delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas. 

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