Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de septiembre de 2022.- A punto de concluir el sexenio, se han comenzado a revelar los múltiples actos de corrupción en el organismo Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).
Y entre los participantes habría empresarios ligados al actual gobernador electo Salomón Jara Cruz y Raúl Ruiz Robles, quien se presenta con sus allegados como el próximo secretario de Economía.
En las primeras auditorías, hay observaciones por un monto aproximado de 43 millones de pesos, que serían durante el lapso en que estuvo al frente Laura Vignon, ex candidata del PRI a diversos puestos.
Por ello, de acuerdo con fuentes internas, el actual director de SAPAO, Reynaldo Hernández Cuevas, presentó las denuncias penales correspondientes contra su antecesora y funcionarios de mandos medios involucrados.
Los probables fraudes se cometieron en los años 2019 y 2021 y corresponde a fondos del programa MAS Oaxaca, financiado por organismos internacionales, y principalmente con obras de mala calidad y otras no ejecutadas, entre ellas el del macrosector San Juan Chapultepec y el de La Fundición parte alta y parte baja.
Entre los empresas involucrados se encuentran la Constructora y Proyectos Tufic S. A., de C. V., de Ramón Mata Peña, un priista de cepa que aseguran se confabuló con Laura Vignon.
Y actualmente, para que no sea investigado, su presunto socio, Armando Contreras Castillo, diputado federal por Morena, lo acercó Raúl Ruiz Robles y con el gobernador electo Salomón Jara Cruz.
Otra es la empresa Edificaciones Sustentables La Soledad, bajo el nombre de Roxana Vela Rodríguez, y una más Construcciones Zapoteca, que aparece a nombre de Alfonso Enríquez Chávez.
Por lo cual los trabajadores de base y los constructores oaxaqueños exigen que sean investigadas dichas empresas, por probable fraude, en colusión con Laura Vignon.
Asimismo, demandan que el Partido Morena indague el antecedentes de dichas personas, para que no sean consideradas en el próximo gobierno para la ejecución de obras públicas, hasta en tanto no se precise su situación y no se sancione, en caso de confirmarse las irregularidades.