Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de febrero de 2024.- Una propiedad de alrededor de mil 300 metros cuadrados es presuntamente invadida por el Gobierno del Estado en el cerro del “Crestón”, de Oaxaca de Juárez, y aunque la autoridad reconoce la acción, no accede a la reparación de daños que han provocado.
La ciudadana Cristina Cervantes, propietaria del terreno, denunció que el Gobierno del Estado colocó retenes de antenas sin su autorización, motivo por el que desde hace aproximadamente siete años ha exigido que por lo menos se realice el pago de una renta con retroactivo, pero hasta ahora las autoridades, de los dos gobiernos que comprende el periodo, se han negado.
Incluso, el gobierno actual ofreció la elaboración de una permuta, pero baja sus propias condiciones, sin beneficio para el particular, y tras negarse la afectada, ahora pretende retirar sin previo aviso los retenes para no pagar a la familia por la ocupación del espacio.
EL PROCESO
La invasión ya cumple con al menos 12 años, cuando se dieron cuenta que el gobierno montó los retenes, primero metálicos y luego de concreto, para sostener dos antenas de transmisión de señal.
El hecho, señaló la ciudadana, provocó que la familia no pudiera vender en ese entonces su terreno por varios millones de pesos, pues no es posible realizar ninguna construcción por el cableado en ese espacio.
Esto generó daños a la familia, pues requerían de recursos para mejorar el estado de salud de la dueña.
Tras varios años de recuperación en su estado de salud, la familia comenzó en 2017 con acercamientos con el gobierno del estado, primero durante la gestión de Alejandro Murat Hinojosa.
La autoridad nunca aceptó recibir formalmente los oficios que la afectada enviaba para la atención del caso, lo cual se dio sólo de manera verbal y desde el departamento jurídico del C-4, además de enfrentarse en varias ocasiones al bloqueo del proceso.
TEMOR A DESPOJO
Tras no recibir solución, la familia retomó el caso con el actual gobierno de Salomón Jara ante el temor de ser despojados de su propiedad.
La familia, quien cuenta con una fe notarial sobre la invasión de su predio, y un trámite de Apeo y Deslinde, denunció, que en un inicio la autoridad actual demostró voluntad para dar solución al tema, pero recientemente cambió de actitud.
El tema también ha sido abordado desde la Secretaría de Seguridad Pública y la Oficialía Mayor, desde la representación con Luis Enrique Bolaños Guzmán, quien para tratar el problema citó a la familia fuera de las oficinas, en una plaza de la ciudad, en marzo del 2023.
Cristina Cervantes señaló que el funcionario planteó a la familia una permuta, sin embargo, el gobierno ofreció un predio con valor menor a la propiedad que invade y en zona alejada a la ciudad, sin respetar lo requerido por la afectada.
En uno de los últimos encuentros, el funcionario ofreció el pago de seis mil pesos por la renta del terreno, lo cual fue rechazado por la dueña ante el bajo precio.
Esta situación generó una actitud déspota del servidor público, quien se levantó de la mesa con la expresión “pues si quiere bien, si no, hagan lo que quieran”.
De acuerdo a la familia, esta semana las autoridades se reunieron sin los afectados para tomar acuerdos del caso; en el encuentro Oficialía Mayor propuso a la Secretaría de Gobierno el retiro de los retenes de antenas y “hacer como que nada pasó”.
Ante esta situación, la propietaria exige a las autoridades hacerse responsables de los daños y cumplan con el pago del espacio ocupado, con retroactivo.
Así también realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, tanto para que haya un antecedente del hecho, como para que se aplique justicia ante los delitos que esto implique.
