Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 20 de junio de 2025.- La Red de Abogadas Indígenas (RAI) y la organización Consorcio exigieron públicamente a la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca rechazar el dictamen por el que se pretende desaparecer los poderes en el ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, pues de hacerlo se estarán violando los derechos políticos de las mujeres indígenas y habrá un retroceso a los derechos humanos.
En un comunicado, señalaron que el respaldo del Congreso a tal dictamen implicará perpetuar la violencia política en razón de género que han ejercido el síndico municipal, José Longinos Martínez, y el regidor de Hacienda, Damián Reyes Longinos, en contra de la presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, y las regidoras Elida López Martínez (de salud) y Gabriela Martínez Soriano, de Educación.
Las organizaciones también exigieron al gobernador, Salomón Jara Cruz, que ordene a la Secretaría de Finanzas transparentar el destino de los recursos de los ramos 33 y 28 que ha depositado a otras cuentas bancarias en lugar de las de la presidenta.
Además, que ordene a Jesús Romero, secretario de Gobierno, a «dejar sus intereses a un lado y actuar con imparcialidad y objetivos».
A través de un pronunciamiento dirigido este 19 de junio al Congreso, al Gobernador del Estado y a los medios de comunicación, las organizaciones externaron su preocupación por la posible desaparición de poderes en esta comunidad de la Mixteca, luego de que la semana pasada la legislatura rechazó la suspensión de poderes, pero devolvió el dictamen para su estudio en comisiones y dictaminación en un plazo de ocho días hábiles.
El caso llegó este jueves a la Cámara de Diputados federal, en la Ciudad de México, donde las concejales y el Partido del Trabajo externaron su temor porque el dictamen sea aprobado este viernes en una sesión extraordinaria del congreso de Oaxaca.
Inés Martínez Reyes es la primera presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, municipio de la región Mixteca que hasta el 2020 registraba mil 695 habitantes (45.1% hombres y 54.9% mujeres) según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Su elección para el periodo 2023-2025 fue bajo asamblea comunitaria. Sin embargo, como señalan la Red de Abogadas Indígenas y Consorcio, desde el inicio del mandato ella y sus compañeras han sido víctimas de violencia política en razón de género, a través de amenazas, agresiones verbales, difamación, calumnias y otras conductas.
Esta violencia ha sido confirmada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), a donde acudieron a denunciar las víctimas y que en la sentencia del expediente PES/03/2024 también resolvió que el síndico y el regidor fueran inscritos en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
Sin embargo, a pesar de la sentencia, la violencia ha continuado y en las últimas semanas la edil ha sido acusada por un grupo de habitantes de presunto desvío de recursos, pero la presidenta y su equipo legal han presentado pruebas que refutan los señalamientos.
Ante esto las organizaciones también exigieron TEEO dictar medidas eficaces y contundentes para el cumplimiento de la sentencia de violencia política en razón de género.
