Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 23 de junio de 2025.- No es que en tiempos pasados, de priistas, panistas y perredistas, no haya habido censura ni ataques a la libertad de expresión.
Pero en los tiempos morenistas de la llamada Cuarta Transformación son más evidentes y cada vez más frecuentes, para acallar las críticas.
Fue Andrés Manuel López Obrador quien, literalmente, institucionalizó los señalamientos, y en consecuencia la exposición, de algunos periodistas y medios de comunicación, a través de sus conferencias matutinas y en el espacio denominado “Quién es quién en las mentiras”.
Desde luego que tenía, tiene el derecho de exponer a quien o quienes denuestan con falsedades, pero en ese afán, convirtió su sexenio en un literal escenario de guerra contra todos los periodistas, y no exageramos.
No había día en que no reprochara lo que consideraba infundio que contradijera sus datos, así estuviera equivocado; el tiempo ha dado la razón sobre muchos señalamientos ahora que ya no está López Obrador en el poder.
Claudia Sheinbaum inició su sexenio, en septiembre pasado, matizando las críticas y sobre todo los señalamientos en contra de las y los comunicadores. Es cierto, ha habido menos confrontaciones y reproches, pero no por eso se ha dejado de señalar lo que los medios consideran errores en su administración.
En sexenios anteriores, el caso más reciente que hallamos es el del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien en 2016 demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo hasta en dos ocasiones, en uno de ellos por daño moral en que pedia 10 millones de pesos; finalmente el periodista fue absuelto.
Pero la tentación ha resurgido en los últimos meses y son cada vez más los casos en que, inconformes y enojados con la crítica, se ha generado una andanada contra los informadores.
En el Senado está a discusión una nueva Ley de Telecomunicaciones, que entre otras cosas permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin control u orden judicial.
Por cierto, ya desapareció el organismo que permitía la transparencia en las acciones de las autoridades.
¿Acaso ahora el gobierno morenista en todos sus niveles va ahora contra la libertad de expresión, una vez que tiene ahora el control de los tres poderes y de los organismos autónomos?
MÚLTIPLES EJEMPLOS
Uno de los casos más recientes es el gobierno morenista de Puebla, donde Alejandro Armenta un día sí y otro también critica y censura a los medios de comunicación que no se pliegan a sus intereses.
Recientemente el Congreso local avaló una adhesión del artículo 480 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, tipificando de manera poco clara el delito de ciberasedio.
Este precepto penal impone sanciones de prisión de hasta tres años de cárcel y multa de hasta 300 días del valor diario de la Unidad de Medida, a quien, a través de medios digitales, redes sociales o cualquier espacio virtual, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para
causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Los reproches en los medios de comunicación no han cesado y este fin de semana tuvo que intervenir la CNDH para llamar a que el gobierno poblano garantice la libertad de expresión.
Otro es el de Layda Sansores, morenista, gobernadora de Campeche, que demandó al Jorge Gonzáles, al acusar violencia política en su contra, y ya logró que fuera cerrado el medio digital “Tribuna”, que en su versión impresa fue fundada por su padre, el entonces priista Carlos Sansores.
¿No recuerda cómo en sus conferencias, la mandataria campechana señalaba una y otra vez, sin pruebas, a sus enemigos políticos de supuestos actos de corrupción?
Uno más es el del destacado columnista Héctor de Mauleón, de “El Universal”, quien fue notificado de una denuncia en su contra, por parte de la entonces candidata a magistrada del Poder Judicial, Tania Contreras, quien logró protección de un tribunal electoral.
Recientemente, en el Congreso local de Sinaloa propuso reformas al Código Penal para sancionar con cárcel publicaciones en redes sociales si “difaman, denigran o generan daño emocional”.
Hace unos días, el alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, ordenó la detención del camarógrafo Jorge Alberto García, mientras cubría un operativo federal en la plaza principal de la cabecera municipal.
Durante el incidente, policías municipales interceptaron al periodista, le arrebataron su cámara y teléfono, lo esposaron y lo trasladaron a los separos municipales.
“A ello se suma la persecución judicial contra periodistas, pues en lo que va del año se contabiliza una demanda cada tres semanas, en especial, contra comunicadores que investigan casos de corrupción, crimen organizado o abusos de poder, lo que para los expertos ‘refleja una preocupante tendencia a utilizar el sistema legal como herramienta para silenciar a la prensa y limitar la libertad de expresión’”, escribieron la semana pasada Antonio López Cruz y María Cayadas en “El Universal”.
EL CASO OAXACA
En Oaxaca, principalmente en su primer año, el gobernador Salomón Jara señalaba directamente a algunos medios de comunicación que hacían críticas a su gobierno.
Emulando al ahora ex mandatario López Obrador, pretendía así acallar los señalamientos e incluso creó un espacio similar al presidencial, donde una joven, ajena al periodismo, señalaba los “trapitos al sol” de algunos comunicadores.
Algunos de los mencionados tomaron medidas preventivas ante organismos defensores de derechos y ministeriales; el mandatario surgido de Morena reculó a tiempo y ha sido cauto ahora, para respetar la libertad de expresión.
Está también la iniciativa de la entonces diputada morenista Lizbeth Arroyo —de familia con varios antecedentes, incluyendo Huazantlán del Río— que fue avalado por el Congreso local, denominado “Ley del vicariato digital”, porque se pretendía sancionar penalmente a quienes hicieran críticas a través de las redes sociales.
Afortunadamente no tuvo eco y pudo ser vetada en el gobierno estatal, según confirmó hace unas semanas el titular de la Consejería Jurídica, Geovany Vásquez Sagrero.
Es cierto que hoy, más que nunca, las redes sociales tienen un enorme potencial, pero también es cierto que en muchos casos han sido utilizados para divulgar falsedades. Pero en todo caso, se deberá tomar otras medidas y no necesariamente las coercitivas.
Los políticos y los funcionarios deben recordar que sus puestos no son eternos, que los gobiernos se van; un trienio o un sexenio terminan muy rápido. La prensa o los medios de comunicación se quedan. Pobres o ricos, exitosos o rústicos, sobreviven y sobrevivirán.
Así que, vale más alentar y preservar un marco de trabajo, de ambas partes, de respeto mutuo, pese a las críticas fundadas.
