Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 22 de julio de 2025.- Las personas de pueblos indígenas representan el 3.4 por ciento de la población que se encuentra privada de su libertad en los centros penitenciarios y especializados del país, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel nacional, al cierre de 2024 había 236 mil 773 personas privadas de la libertad/internadas en los centros penitenciarios y centros especializados: 235 mil 312 adultas y 1,461 adolescentes. Del total de personas privadas de su libertad, el 3.4 % (8 105) pertenecía a algún pueblo indígena: 274 fueron mujeres y 7 831, hombres.
En comparación con 2023, cuando reportó que había 8 mil 175 indígenas, el número de personas privadas de la libertad/internadas pertenecientes a algún pueblo indígena disminuyó 0.9 % en 2024, según el documento.
Sin el, de entre estas personas que al cierre de 2024 estaba en estos espacios, las que pertenecen a los pueblos náhuatl, zapoteco, maya, tarahumara, tseltal y mixteco concentran el 52.5 por ciento.
El documento no detalla la comunidad o estado de origen de las personas indígenas privadas de su libertad, pero se observa que hay un gran porcentaje de las que pertenecen a pueblos indígenas del estado de Oaxaca: zapotecos, principalmente, que están en el segundo lugar tan solo después de las del pueblo náhuatl. En porcentaje, son el 19.8 y el 7.6 por ciento de las personas indígenas privadas de su libertad, respectivamente.
Pero además de estos dos pueblos, también se reportaron personas identificadas como mixtecas, mazatecas, mixes, chinantecas y zoques, que son parte de la diversidad étnica de la entidad.
Aunque el censo abarca datos al cierre del 2024, la privación de la libertad de personas de pueblos indígenas es uno de los problemas que han denunciado organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos.
En mayo, 33 organizaciones, redes y colectivas del estado de Oaxaca denunciaron que la situación actual del estado «es alarmante, pues existe una grave crisis de derechos humanos».
Al presentar el informe “Situación sobre el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca”, las organizaciones alertaron que, debido a la persistencia de conflictos agrarios, y la imposición de megaproyectos, las consecuencias han sido desplazamiento forzado, despojo, criminalización, fabricación de delitos y asesinatos de personas defensoras.
Sobre las personas detenidas, explicó que se ha documentado «la fabricación de delitos para personas defensoras de la comunidad chontal de El Coyul, Huamelula, que al mismo tiempo resisten el despojo de sus tierras para un proyecto turístico inmobiliario.
«También se documentó la existencia de 24 procesos judiciales donde se criminaliza a personas indígenas ayuujk y binnizaa (zapotecas) de Mogoñé Viejo, del municipio de San Juan Guichicovi; y de Rincón Viejo, del municipio de Petapa, por oponerse a la ampliación del Corredor Interoceánico.
