Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 29 de diciembre de 2025.- Hay decenas, o quizá cientos o quizá miles, de personas desplazadas por la violencia en el estado de Oaxaca.
Pero ninguna zona, como la Triqui en la región Mixteca, refleja el fracaso de los gobiernos municipales, estatales y federales, actuales y anteriores.
Van dos retiros forzados en esa zona, en San Juan Copala, cuyos integrantes estuvieron más de una década en los corredores del Palacio de Gobierno, y de Tierra Blanca Copala, que rebasan ya los cinco años, refugiados ahora en Yosoyuxi Copala.
¿Qué ha fallado? Porque interés, por lo menos en el discurso, ha habido por parte del Gobierno de la República, e incluso el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los sexenios anteriores, de Ulises Ruiz, Gabino Cué Monteagudo y del entonces priista Alejandro Murat, poco les importó solucionar la problemática.
En el actual mandato de Salomón Jara Cruz, se ha informado, por lo menos en cientos de mensajes, que hay voluntad para solucionar la problemática… pero nadie cede.
Y en medio de todo ello, tres organizaciones antagónicas, una de ellas oficialista y las otras dos peleando palmo a palmo, con mensajes mediáticos y con sangre, cada centímetro de tierra.
LOS DESPLAZAMIENTOS
“La región Triqui Baja lleva varios años de conflicto político entre organizaciones que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y Estados Unidos. El conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort (Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui). En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), y con el propósito de pacificar la región instalaron un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin saber que con ello la violencia se desataría a niveles extremos y ocasionarían el desplazamiento Interno forzado de la población de San Juan Copala.
“En el caso de las comunidades indígenas casi siempre los procesos autonómicos están ligados a la defensa del territorio, de su identidad colectiva y recursos naturales”, refiere la antropóloga Susana López Flores.
Fue a mediados del año 2019, del sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz, en que un ataque armado derivó en la salida urgente de más de un centenar de personas, que en el año 2010 vinieron a refugiarse a la capital.
El éxodo se intensificó en el último año del gobierno ulisista y encabezados por Reyna Martínez, instalaron un “plantón” en el corredor exterior del Palacio de Gobierno.
El aliancista Gabino Cué prácticamente no hizo nada y por el contrario dejó crecer la problemática, que incluyó la expansión de puestos de venta de artículos artesanales también en el zócalo.
La Comisión Interamericana en Derechos Humanos (CIDH) decretó el 7 de octubre de 2010 medidas cautelares para 135 personas de San Juan Copala y San Miguel Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, con cumplimientos a cuentagotas.
Con Cué y luego con Alejandro Murat se les ofrecieron reubicaciones y, aunque no hubo retorno a su comunidad triqui, los desplazados ya no protestaron más, aunque no solución de fondo. Otro grupo liderado por Sergia Cepeda efectuó el año pasado movilizaciones esporádicas, pero ya sin impactos.
La bandera de estos desplazamientos fue tomada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente.
En diciembre de 2020, sexenio del priista Alejandro Murat, ahora senador por Morena, surgió otro conflicto, en Tierra Blanca Copala, Juxtlahuaca,
A través de un comunicado, el MULTI recordó el fin de semana los hechos iniciados el 26 de diciembre de hace cinco años y que, pese a algunas mesas de diálogo, no han tenido solución.
La culpa, según esta organización, es del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
De esos hechos hay la Recomendación 36/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el amparo 597/2023 y la medida cautelar 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Durante estos cinco años, el único rostro del Estado ha sido el de la simulación, la represión, la criminalización, la fabricación de delitos y la apuesta al desgaste”, refirió el MULTI.
PROMESA OBRADORISTA
El 22 de marzo de 2021, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al diálogo y la paz a las comunidades triquis de Oaxaca; antes, el 21 de febrero de ese año prometió visitar la zona.
Mucho antes, el 18 de octubre de 2019, estuvo en Putla Villa de Guerrero, donde hay un asentamiento de pueblos triquis, pero sin reunirse directamente con ellos.
“Un llamado no sólo a las comunidades triquis, sino también a los dirigentes para que también ayuden, que hagan un lado sus diferencias, sus intereses por legítimos que sean y que piensen en la paz y la tranquilidad, en la región y que no se exponga la gente”, dijo en marzo de 2021.
Fue Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien visitó las comunidades de Tierra Blanca y Yosoyuxi en febrero de 2021, pero también fue un fracaso pues no logró nada.
El 28 de diciembre de 2022, por fin se reinstaló la mesa de diálogo para este conflicto, en la Secretaría de Gobernación, tras la llegada de Salomón Jara al poder.
Fuera de ello, no hubo más acciones relevantes, ni tampoco seguimiento a los muy escaso acuerdos.
Con Claudia Sheinbaum, desde hace más de un año que llegó al poder, simplemente no ha tocado la problemática; tampoco la hoy secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, pese a que como secretaria de Seguridad con López Obrador, conocía a fondo la problemática.
TODO IGUAL
A la llegada de Salomón Jara Cruz, fue muy aplaudida su decisión de retirar todos los “plantones” en el corredor exterior del Palacio e inmediaciones; ofreció diálogo con las comunidades triquis.
Se ininiició ese mismo diciembre de 2022, una mesa de diálogo con las organizaciones involucradas, el MULT, MULTI y el Ubisort, pero fuera de ello, nada más ocurrió.
Promesas y llamados a través de conferencias y comunicados de prensa. Nada más.
En cambio, lo que sigue habiendo son asesinatos; según el MULT, van más de 20 en este sexenio y todo es culpa del MULTI; según el MULTI, el MULT los ataca continuamente con saldos funestos.
La Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), se sigue prestando, como en los sexenios priistas, para supuestamente mediar en la zona; sin embargo, los únicos logros son de su dirigente, Fabián Pereda Pereda, quien se ha vuelto millonario negociando con el conflicto, y hasta lo presume en sus redes sociales.
Ya han pasado tres año del gobierno de Salomón Jara Cruz y lo único que ha quedado expuesto es la falta de capacidad del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quien sólo ha mostrado fracasos con el conflicto triqui.
