Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de febrero de 2020.- Sin aparentes motivos, los hijos de una mujer que falleció en una comunidad del municipio de San Andrés Dinicuiti, en la región Mixteca de Oaxaca, fueron encarcelados tras pedir permiso para sepultar a su madre en el panteón municipal.
Los vecinos del núcleo rural Reforma denunciaron que las autoridades locales, tanto de la agencia de Santa María Tutla, a la que pertenece su comunidad, como de San Andrés Dinicuiti, de la cabecera municipal, actuaron en complicidad contra dichos habitantes, de los que no se ofrecen otros cargos para mantenerlos retenidos.
Los inconformes explicaron que la agente de Santa María Tutla citó el martes pasado a los hijos de la mujer fallecida a los 91 años para supuestamente tramitar la solicitud para el uso de suelo, situación que aprovechó para retenerlos.
El caso se agravó cuando vecinos del núcleo rural intentaron apoyar a los familiares de la mujer fallecida, pues también fueron retenidos y golpeados por autoridades municipales.
Los habitantes demandaron la intervención de las autoridades estatales para destrabar el conflicto, del que hasta el momento se desconocen las casusas exactas de la actuación arbitraria de las autoridades municipales.
INTERVIENE DDHPO
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares a una familia de San Andrés Dinicuiti, luego que les fuera negada la inhumación de una mujer de 91 años, además de retener a cinco de sus integrantes.
En un comunicado, informó que dio inicio a la queja DDHPO/337/(07)/OAX/2020, luego que el pasado martes se tuviera conocimiento de que autoridades municipales impidieron la sepultura de una persona adulta mayor en el panteón de la agencia de Santa María Tutla.
Ante lo cual solicitó que se permitiera la realización del entierro, debido a que es deber del ayuntamiento proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Aunado a este hecho, cinco familiares de la persona fallecida fueron retenidos por parte de las autoridades de San Andrés Dinicuiti, ante lo cual la Defensoría pidió al ayuntamiento de la localidad como medida de protección la liberación de las personas, o en caso de ser señaladas de incurrir en algún delito, la puesta a disposición ante el Ministerio Público.
La Defensoría inició un proceso de investigación con enfoque de derechos, sin criminalizar a las autoridades ni tampoco a las prácticas comunitarias, en el que indaga posibles abusos de autoridad.
Expuso que se tiene información que aún permanecen dos personas retenidas, a cada una de las cuales se les exige un pago de tres mil pesos para obtener su libertad.
La DDHPO señaló que las inhumaciones en los panteones municipales y los rituales que familiares de personas fallecidas consideren es un derecho humano, específicamente el derecho a participar en su cultura.
Por ello, la negativa de servidores públicos a permitir el sepelio transgrede este derecho, pues obstaculiza que los deudos y sus allegados establezcan lazos de solidaridad, se rompen vínculos de fraternidad y apoyo, además de atentar contra la dignidad de la familia y la persona fallecida.
