Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de febrero de 2020.1 El lunes pasado personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arribo a la ciudad de Oaxaca con diez funcionarios federales, a fin de llevar acabo un proceso de revisión a los Servicios de Salud en Oaxaca.
De acuerdo con las fuentes, recientemente, la dependencia federal responsable de vigilar los recursos, detectó cuatro mil 500 millones de pesos de probables faltantes y no comprobables contablemente.
Según revelaron, las cifras no cuadran financieramente en el ejercicio 2019, pues gastos autorizados y devengados sin soporte documental son solo una de las tantas observaciones que la ASF tiene en la mira en los Servicios de Salud.
Indicaron que desde la revisión realizada por la Contraloría del Estado en tiempo y forma se alertó de movimientos no claros y comprobables que se reflejaron en una planeación con devoluciones anuales mínimas comparado con los montos.
Ni reintegros ni explicación documentada justifican partidas millonarias pendientes por comprobar, como cheques expedidos a proveedores durante los meses de febrero y pagos realizados por administradores diferentes en las áreas que no son los titulares del ejercicio 2019, dieron paso un foco rojo de las finanzas, revelaron.
Informaron que el titular Donato Casas Escamilla sabe que la Federación inició una ruta de investigación con miras al resarcimiento económico en caso de descubrir la falta de soporte documental o desvio de dinero.
Expusieron que las clínicas de salud y hospitales no cuentan con medicamentos, la falta de insumos y presupuesto operativo son una constante de la dependencia, incluso ante la contingencia del Covid 19, el almacén estatal carece de cubren bocas y gel antibacterial.
Respuestas no sólidas de mandos superiores que acusan la falta de recursos tienen colapsado el sector salud, añadieron, pues un grupo de trabajadores entrevistados acusaron uso indebido de recursos públicos, y que en próximos días acudirán a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia que obligue a una investigación seria para con ello frenar la presunta corrupción en los SSO.
