Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez,Oax., 28 de junio de 2020.- Los delitos cometidos contra personas con discapacidad, entre éstas la violencia familiar, no existen en la base de datos de las investigaciones en la Fiscalía General de Oaxaca, entidad en la que más de 227 mil personas viven con alguna discapacidad.
Así lo reveló el informe “‘Es mejor hacerte invisible: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, publicado recientemente.
Durante el informe, la organización señaló que el gobierno no protege a personas con discapacidad que se encuentran en graves situaciones de abuso y abandono por parte de sus familias.
La información sobre el estado de justicia con esas personas la confirmó el propio Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien a través de una entrevista con Human Rights Watch en noviembre de 2019, reconoció la falta de información en la materia.
“Funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca informaron que no tenían datos sobre investigaciones iniciadas por presunta violencia familiar contra personas con discapacidad, ni tampoco información sobre casos resueltos”, pues previamente en enero, de ese año, el vicefiscal de Atención a Víctimas, Jesús Rodríguez, indicó la misma situación.
Posterior a la primera entrevista, la Fiscalía de Oaxaca no respondió a cartas enviadas por Human Rights Watch para solicitar más información, en el mes de octubre.
El estudio se realizó en los estados de Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, en los cuales, además según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) existe un alto porcentaje de delitos que no se denuncia; Oaxaca es el más alto con en Oaxaca, el 95.2 por ciento, Ciudad de México, el 94 por ciento; en Jalisco, el 91.8 por ciento y Nuevo León, el 91.6 por ciento.
DIFÏCIL ACCESO A LA JUSTICIA
El estudio del organismo no gubernamental señaló que, el acceso a la justicia desde la accesibilidad física en el Centro de Justicia para las Mujeres, también es afectado.
En Oaxaca, en la visita de noviembre de 2019, observó que el refugio de emergencia contaba con escalones en la entrada, en vez de rampas, y el único baño que observó no era accesible para una persona que usa una silla de ruedas.
La directora del Centro, Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, indicó para el estudió, que habían prestado servicios a ocho mujeres sordas con el apoyo de un intérprete de lengua de señas y en contestación a una na carta enviada en diciembre de 2019, la directora señaló que admiten a mujeres con discapacidad psicosocial pero que también pueden canalizarlas a un hospital psiquiátrico.
LEYES ARCHIVADAS
Oaxaca es uno de los estados donde la violencia familiar contra una persona con discapacidad constituye un agravante en la condena y amerita imponer una pena más severa, establecida en su Código Penal en el artículo 405.
Además, el artículo 193 establece que si una persona cuenta con medios económicos y no mantiene a una persona de su familia que tiene una discapacidad, puede ser considerada penalmente responsable y recibir sanciones que pueden incluir penas de prisión.
La realidad en Oaxaca es distinta y en el informe se documentó el caso de un hombre de 35 años de edad que vive violencia de parte de su familia, quien también le arrebata la posibilidad de disponer del recurso de la pensión por su discapacidad.
Human Rights Watch destacó que en Oaxaca, la Secretaría de Desarrollo Social del estado otorgaba, hasta diciembre de 2018, una pensión de mil pesos cada dos meses a 21 mil 180 personas con discapacidad, de un total aproximado de 227 mil oaxaqueños con discapacidad, de acuerdo al “Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad”, IPRO: Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales.
Las autoridades del estado de Oaxaca dejaron sin efecto este programa de pensiones cuando comenzó a funcionar el programa federal de pensiones.
El informe de la ONG internacional recomendó que “el gobierno debería proteger a las personas con discapacidad de la posibilidad de violencia, y esto incluye generar servicios para que puedan tener una vida independiente”.
