Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 26 de diciembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Puebla dio un giro a la investigación de las causas del desplome del helicóptero donde murieron la gobernadora Martha Érika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, al acusar a cuatro implicados de homicidio culposo por informar que la aeronave estaba en buenas condiciones.
El 27 de marzo, al emitir su informe final sobre el hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —entonces a cargo de Javier Jiménez Espriú— concluyó que en ningún caso los datos recabados durante 15 meses “indican una responsabilidad o culpabilidad sobre la ocurrencia del suceso” y anunció que remitiría el informe a la Fiscalía General de la República por tratarse de una investigación federal y a la Fiscalía de Puebla para los efectos jurídicos correspondientes.
Ayer la fiscalía poblana informó de la puesta a disposición del MP del José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”, trabajadores de la empresa Rotor Flight Services, relacionada con el funcionamiento de la aeronave.
Los delitos: homicidio culposo, daño en propiedad ajena culposo y falsedad en declaraciones ante una autoridad.
De acuerdo con la indagatoria, en 2018 la mujer era responsable del taller y estaba a cargo del mantenimiento de la aeronave; fue detenida por policías capitalinos en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.
Luego de notificarle del mandamiento judicial en su contra, fue entregada a policías de la entidad poblana para trasladarla y ponerla a disposición del juez que la requirió a fin de que se determine su situación jurídica.
En el dictamen, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación estableció como causa probable de la caída de la aeronave “la pérdida de control del helicóptero, debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”.
Sin embargo, esa pérdida de control a causa del alabeo (curvatura) repentino se debió a que una pieza no fue reemplazada con oportunidad, porque los técnicos no lo advirtieron por escrito y, por el contrario, aseguraron que la nave estaba en buenas condiciones, según el dictamen de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
La investigación arrojó diversas omisiones atribuibles al taller Rotor Flight Services, sobre todo la falta de información para evitar que la aeronave operara, pues no se encontraba en condiciones para hacerlo desde siete días antes del incidente, debido a que una pieza debió haberse cambiado ocho días antes del accidente.
DICTAMEN FINAL DE LA SCT
De acuerdo con el dictamen final emitido por la SCT, Rotor Flight Service sabía, desde el 13 de diciembre (11 días antes del accidente), que el actuador lineal de roll de la aeronave se encontraba dañado y que necesitaba ser reemplazado para un correcto funcionamiento; el componente había sido instalado el 10 de septiembre de aquel año.
