Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de julio de 2022.- Comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, que integran el “Frente no a la minería por un futuro de todas y todos” se movilizaron este viernes en una marcha-calenda para denunciar las incesantes violaciones a sus derechos humanos que el gobierno federal y empresas mineras sostienen.
Para visibilizar su problemática, en medio del acaparamiento publicitario de las fiestas de Guelaguetza, habitantes de los valles de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán se desplazaron de la fuente Ocho Regiones al zócalo de la capital.
Portaron carteles y lonas de denuncia contra el despojo y la represión. La música de banda y monos de calenda, reforzaron la protesta. “Territorio prohibido para la minería”, fue una de las principales consignas.
Sus habitantes y representantes señalaron los graves impactos al medio ambiente que también viven por los proyectos mineros, como ocurre en Ocotlán de Morelos, donde se desarrolla, el “Proyecto San José” por la empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense de Fortuna Silver Mines.
Neftalí Reyes Méndez , integrante del movimiento, apuntó que el gobierno federal pretende impulsar 40 proyectos mineros en Oaxaca, de los que tres ya funcionan, como es el”Águila” por parte de Estados Unidos, el de “San José” de Fortuna Silver y “Natividad” en la Sierra Norte.
DAÑOS AMBIENTALES
Sin embargo, en estas dos últimas no se cuentan con los permisos ambientales correspondientes y aún así, el gobierno federal continúa ofreciendo concesiones para su explotación.
La explotación de la tierra en Oaxaca, por medio de los megaproyectos, podría tener como consecuencia la escasez del agua, como se vive en Nuevo León, advirtió Marcos Leyva de la organización Educa.
En el caso de Ocotlán, la población ha denunciado la contaminación de sus mantos freáticos y del agua en los pozos que utilizan para consumo humano.
Para estos proyectos no se aplicaron consultas en las comunidades, situación que se repite en Oaxaca para los diferentes megaproyectos, como ocurrió en la región del Istmo con los proyectos eólicos, donde se simuló la implementación del ejercicio de consulta, pero las comunidades evidenciaron diversas irregularidades que recayeron en la violación a sus derechos.
Pero, además, la instalación de las minerías propicia el rompimiento del tejido social, pues a pesar que las comunidades dicen no, presionan a las poblaciones para ser aceptados e incluso ofrecen empleos, así como ingresan de forma clandestina, lo que genera enojo y hasta la polarización de los habitantes.
Otra de las representantes del colectivo, Gabriela Linares, señaló que el despojo de las tierras deja a las comunidades sin espacios para sus cultivos, al tiempo que el maíz nativo se ve afectado por gobierno federal por medio de programas sociales la entrega fertilizantes dañinos a la salud por parte del gobierno federal por medio de programas sociales.
