Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2024.- La reforma judicial deteriorará los controles y equilibrios y podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México y plantearía diversos riesgos crediticios, advirtió la calificadora Moody’s.
En su reporte de políticas públicas difundido hoy, declaró que a medida que el poder judicial se realinea cada vez más con los poderes ejecutivo y legislativo, su papel en el control y equilibrio de las otras ramas de poder se deteriorará.
“El sistema judicial ha bloqueado anteriormente cambios legales radicales. La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo”, mencionó la firma.
“Las implicaciones crediticias por los cambios (en el poder judicial) podrían ser significativas para la calidad crediticia soberana de México, más moderadas para las empresas financieras y no financieras calificadas, así como para las compañías eléctricas y de infraestructura, y relativamente bajas para los bancos”, adelantó.
Destacó que un shock de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante.
La Cámara de Senadores aprobó el martes la reforma judicial que desde la perspectiva de Moody’s, podría deteriorar la independencia del poder judicial del país.
La nueva ley podría politizar los dictámenes de la Corte Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de comprometer la independencia del sistema, comentaron en el reporte los analistas Ariane Ortiz-Bollin, Mauro Leos y Elena H Duggar.
Los especialistas sostuvieron que los cambios en el sistema judicial y regulatorio de México generarían más incertidumbre en los proyectos de infraestructura.
Plantearon que la eliminación de organismos reguladores independientes es una propuesta que se considerará y que elevará la incertidumbre en torno a las normas y procedimientos.
El entorno generará que el sector de infraestructura en México sea menos atractivo para la inversión privada, a pesar de las sólidas perspectivas de demanda. Cuanto mayor sea la percepción del riesgo, más alta será la rentabilidad de las inversiones que buscarán los inversionistas y más elevados serán los costos adicionales derivados del análisis legal y la diligencia debida.
Para Moody’s, la incertidumbre jurídica afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones y grandes inversiones, como la minería y las telecomunicaciones.
“Los cambios en el sistema judicial serían particularmente perjudiciales para las futuras inversiones en nearshoring”, comentó.
En cuanto a la actividad bancaria, mencionó que cambios profundos en el marco institucional del país reducirán la disposición de los bancos a asumir riesgos, pues ya enfrentan importantes dificultades en el cumplimiento de las leyes de garantías y procesos prolongados de resolución de quiebras.
(Información de “La Jornada”)
