Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de octubre de 2024.- Sofía Fernanda Juárez Guandulain, presidenta de la asociación Trans-Difusión y Comisionada de la Diversidad Sexual por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Capítulo Oaxaca, denunció discriminación, acoso laboral y despido en el Congreso del Estado.
En conferencia de prensa, informó que laboraba en el área de Seguridad y Resguardo de esta institución hasta el 19 de junio de este año, tras ser dada de baja sin argumentos legales.
Acusó al director del Área de Seguridad y Resguardo del Congreso del Estado de Oaxaca, el exmilitar Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho, por violentar sus derechos humanos, laborales y por ejercer agresiones contra ella.
Asimismo, señaló a Omar Maldonado, director del Área Administrativa del Congreso del Estado, y Azucena Nallely Anguiano, en su carácter de Directora de Recursos Humanos.
Sin embargo, también tiene conocimiento de personas dentro del Congreso que ordenaron una persecución contra ella y diputados que no quisieron tener un contacto directo con ella.
Al respecto, Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, rechazó las expresiones de discriminación, acoso y violencia de las que fue víctima Sofía y destacó que este caso no debe pasar desapercibido.
“No es un caso de violencia mínimo, considerando el contexto particular que tiene México de violencia hacia las mujeres trans; en general la comunidad de la diversidad sexogenérica vive en condiciones de discriminación, vulnerabilidad y violencia particular en nuestro país; en los primeros 15 días del 2024 se registraron 4 transfeminicidios y eso marcó ya la situación en la que estamos”, agregó.
Dijo que el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) ha contabilizado 590 asesinatos de personas transgénero en todo México entre el 2007 y 2022, lo que genera un promedio de 53 asesinatos al año.
En ese marco, desde Trans-Difusión Asociación Civil, Filadelfo Aldaz Deciderio también integrante de la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë Ja ntääk jyëën tyëjk, exigió que se garantice la reparación integral del daño, que incluye una compensación justa y adecuada por el daño moral, emocional y profesional ocasionado.
Además de instar al Congreso del Estado a incluir políticas claras contra la discriminación, programas de sensibilización y capacitación a su personal, y la creación de mecanismos de denuncia efectivos y accesibles para prevenir futuros casos de acoso o discriminación.
