Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 24 de febrero de 2025.- Es cierto que, en las cifras oficiales, Oaxaca no es una de las entidades con mayor incidencia delictiva.
Desde luego que no es para echar las campanas al vuelo pero tampoco para quedarse con los brazos cruzados, como sucede actualmente con los ayuntamientos.
Y es que son los municipios gobernados por el Partido Morena en que se registra la mayor cantidad de delitos, principalmente homicidios dolosos.
Sin embargo, siguen tan pasivos que pareciera que prohijan al crimen organizado, enraizado en sus demarcaciones. Ejemplos hay muchos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se basa en datos que le envía la Fiscalía General del Estado, Oaxaca es uno de las cinco entidades con menor número de delitos en el país.
Pero eso no quiere decir que no ocurran crímenes, pues en promedio en el estado se registran dos asesinatos cada día.
LOS DATOS OFICIALES
“En el rubro de seguridad hay cuatro visiones: 1) Las encuestas; 2) Las cifras de los Secretariados Ejecutivos del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública; 3) Los ‘otros datos’ que se repiten cada semana en las sofocantes conferencias del Consejo Estatal de Seguridad y, finalmente, 4) La realidad que percibe la ciudadanía oaxaqueña. En el fondo, sólo dos percepciones: la del gobierno y la del pueblo bueno y sabio. Ambas contrapuestas”, escribe esta semana el destacado analista oaxaqueño Juan Pérez Audelo en su columna “De paradojas y utopías”.
Y en el primer rubro que cita, de acuerdo con lo informado recientemente por el gobierno estatal, del año 2022 a 2024 se logró una disminución del 12.70 por ciento en la incidencia delictiva total.
Con base en el análisis de la incidencia delictiva registrada y reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a noviembre de estas anualidades, en 2022 se registraron 40 mil 16 delitos denunciados, 39 mil 135 en 2023 y 34 mil 931 en 2024.
Con respecto al feminicidio, de 2023 a 2024 se observó una disminución del 55.35 por ciento; así como de 36 por ciento en secuestro; 5.22 por ciento en extorsión; 34.01 por ciento en robo a casa habitación; 15.32 por ciento en robo de vehículo automotor y 48.24 en robo a transportista.
En tanto, el robo a transeúnte disminuyó 58.73 por ciento; la violencia familiar 22.20 por ciento; la trata de personas 58.33 por ciento; y el narcomenudeo 16.78 por ciento.
LAS BUENAS INTENCIONES
Por lo menos la mitad de los días de la semana, se realiza una reunión de seguridad, que encabeza el propio gobernador Salomón Jara Cruz, ya sea en el Palacio de Gobierno, en el Centro de Convenciones, en la Secretaría de la Defensa Nacional o en el interior del estado, como sucedió la semana pasada en Pinotepa Nacional donde por cierto, pocas horas después mataron a una persona.
Sin embargo, los resultados no se reflejan aún en la realidad, pues al salir de dichas reuniones, el crimen de nuevo azota en zonas específicas.
Mientras tanto, los días miércoles o jueves de cada semana, se realiza una conferencia de prensa, donde el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero, asume funciones de responsable de la seguridad pública y da sus propias cifras.
Se basa, claro, en datos oficiales estatales y nacionales, pero les da su propio cariz, su propia interpretación; a su vez, el secretario de Seguridad, Iván García Álvarez, se limita a dar reportes de actividades semanales.
El resto de los participantes en las conferencias se dedican a resaltar acciones que si bien en algunos casos son de carácter preventivo, en otros son programas sociales que nada tienen que ver con el combate a la delincuencia, que es el azote principal.
Karina Barón, titular del Secretariado Ejecutivo, expone una y otra vez sus programas sociales, pero se le olvida que su función es netamente administrativa, de manejo de los recursos públicos en materia de seguridad y de provisión de equipos y unidades para el sector.
Lo paradójico es que mientras se realizan estas conferencias de prensa, en algún lugar del estado está ocurriendo un crimen.
LA REALIDAD MORENISTA
Si el Estado hace su parte, o asegura que hace lo que le corresponde, los ayuntamientos se la pasan de brazos cruzados.
Un ejemplo claro es el de Oaxaca de Juárez, ya con dos trienios morenistas y uno del aliado PVEM (aunque las nuevas autoridades se dicen militantes del partido guinda desde hace años), donde a casi dos meses, no cesan los delitos y las ejecuciones.
Justamente fue con Oswaldo García Jarquín, luego con Francisco Martínez Neri en que los delitos comenzaron a incrementarse. A dos meses de Raymundo Chagoya y con cambio de mando en materia de seguridad, la situación tampoco mejora, pues se han registrado varios crímenes y todos los días hay asaltos, en pleno Centro Histórico.
¿Qué pasa con Juchitán? El morenista Emilio Montero Pérez estuvo al frente del ayuntamiento dos años, dejó a su sucesor Miguel Sánchez Altamirano, que ahora repite mandato, pero parece que sigue gobernando el primero.
Sin embargo, ambos únicamente se dedican a fortalecer la base social de Morena pero no a combatir la inseguridad; incluso a dichas autoridades se les vincula, se les ha señalado, de estar coludido con el crimen organizado.
Es quizá el municipio más violento de la entidad, pues por lo menos cuatro días de la semana hay asesinatos. Pero no hacen nada.
Misma situación la de Santo Domingo Tehuantepec, donde estuvo seis años Vilma Martínez Cortés, tras lo cual fue premiada en el gabinete estatal con el cargo de secretaria de Bienestar; le sucedió ahora Ana Cecilia Pérez.
Pero ninguna ha hecho absolutamente nada y es otro de los municipios con mayor índice de criminalidad.
Ahí están también Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, Santa María y Santo Domingo Petapa y muchos más, tan sólo por mencionar la región del Istmo de Jamiltepec.
Acaso las excepciones, autoridades surgidas de fuerzas distintas de Morena, serían Huajuapan de León con un panista; Santiago Pinotepa Nacional, donde gobierna el perredismo, y Santiago Jamiltepec, bastión del priismo.
Largo sería enumerar los demás municipios y sus características criminales, princilmente del Istmo, la Cuenca, la Costa y la Mixteca.
Pero los presidentes municipales pareciera que están más interesados en atender a la base social morenista que preservar la seguridad de sus ciudadanos. ¿O se hacen de la vista gorda ante los criminales?
