Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 13 de febrero de 2026.- Previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara su libertad por la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu, el ex asesor jurídico de Asunción Nochixtlán cuestionó al ministro Arístides Guerrero Guzmán, al asegurar que el Estado solamente ha valorado una línea de investigación en este caso.
La página de Facebook “Gaceta del Istmo” difundió está semana el presunto comunicado de Johan Ricardo Matus Marcial, quien había sido condenado por la desaparición de Claudia y que en agosto del 2025 logró su absolución mediante un amparo.
A través del comunicado de siete páginas, Johan señala que desde el 2021 guardó silencio y esperó por la justicia hasta que un Tribunal Colegiado estudió su caso y «por insuficiencia probatoria» le otorgó la libertad.
La activista fue desaparecida el 26 de marzo de 2021 tras una protesta en contra de la entonces presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta (del partido Morena). La edil solamente fue juzgada por obstruir la investigación, en tanto, Johan y otros de los inculpados fueron condenados por el delito de desaparición forzada.
Aunque el comunicado de Johan no tiene fecha, se estima que se emitió previo al 4 de febrero, cuando inicialmente la SCJN iba a analizar el amparo 5887/2025, con el que la familia de Claudia buscaba la revocación de la libertad de Matus. El amparo fue revisado en la sesión del 9 de febrero, luego de haberse pospuesto.
Según el inculpado, se le ha señalado como el responsable de la desaparición de Claudia principalmente por el testimonio de un testigo protegido de iniciales J. J. A. M., quien supuestamente «cuenta con el apoyo de las víctimas y no se le instruyó expediente de investigación». Asimismo, refuta más de 20 testimonios, al señalar insuficiencia probatoria y reitera que «la prueba toral» es la del testigo protegido.
En el documento incluso se cuestiona al ministro Arístides sobre el criterio para acreditar que la víctima era defensora de derechos humanos.
Este 9 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la liberación de Johan Ricardo Matus, quien mediante un amparo fue absuelto del delito en agosto del 2025 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en Oaxaca.
Asimismo, ordenó al tribunal colegiado «emitir una nueva resolución conforme a estándares constitucionales y convencionales aplicables a este tipo de casos».
De acuerdo con la Corte, en casos como el de Claudia, los tribunales «deben aplicar un enfoque diferencial con perspectiva de género e interseccional, que considere tanto el contexto de violencia estructural contra las mujeres como los riesgos agravados que enfrentan las personas defensoras por su labor».
Asimismo, advirtió que el tribunal colegiado de Oaxaca «omitió analizar la gravedad, complejidad y naturaleza del delito de desaparición forzada, así como el carácter de defensora de derechos humanos de la víctima» y que en la absolución del inculpado el tribunal se «limitó a cuestionar la credibilidad de un testigo colaborador sin considerar el contexto del caso ni la validez de la prueba circunstancial, la cual resulta fundamental ante la clandestinidad que caracteriza este delito y las dificultades estructurales para obtener pruebas directas».
La desaparición forzada, subrayó, «constituye una violación grave de derechos humanos marcada por la ocultación de información, el abuso de poder y la persistencia de sus efectos en el tiempo, lo que exige una intervención judicial integral».
